En un giro de tuerca más a la asfixiante situación económica de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, en un acto de populismo político, anuncia con bombos y platillos la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2024. Pero, ¿qué esconde esta medida? Nada más y nada menos que una trampa fiscal disfrazada de generosidad. España va como una moto, sí, pero directa hacia un precipicio económico.
La subida del SMI del 5%, elevándolo a 1.134 euros, se presenta como un avance social, pero es en realidad un nuevo impuesto encubierto a la hora de contratar trabajadores. Este aumento supone un coste adicional para los empleadores de 1.260 euros anuales por trabajador, en comparación con 2023. Traducido a la realidad, por cada trabajador que recibe un salario neto de unos 1.000 euros al mes, el empleador debe desembolsar casi 2.000 euros. ¿Quién paga realmente la fiesta? Los empresarios y, en última instancia, el trabajador español.
Pero hay más. Este aumento del SMI tiene un efecto dominó devastador. Los pensionistas con cuidadores, por ejemplo, verán cómo su poder adquisitivo se reduce aún más. Una pensión de 1.300 euros mensuales se verá mermada significativamente por el incremento en el coste del cuidador. ¿Es esta la mejora social que prometía Sánchez?
La realidad es que bajo el gobierno del PSOE, los precios han subido un 17%, mientras que el sueldo medio ha perdido 615 euros de poder de compra. La inflación en España, una de las más altas de Europa, sigue carcomiendo los bolsillos de los ciudadanos. ¿Dónde está el progreso aquí?
La situación se agrava aún más al considerar el impacto de estas medidas en la economía sumergida. Según un estudio del NBER, España es el tercer país de la UE con mayor peso de la economía sumergida, alcanzando el 24% del PIB. La subida del SMI, un 54% desde 2018, solo incentiva el aumento de la economía informal. Esto no es más que un reflejo de políticas desacertadas que, lejos de solucionar problemas, los agravan.
Y aquí vienen los números que no mienten. Con la subida del SMI, el salario bruto anual pasa de 15.120 € a 15.876 €. Pero atención, porque esto se traduce en un incremento considerable en los impuestos: el trabajador paga 384 € más, y el empleador, 1.318 € adicionales por trabajador al año. ¿El resultado? Un beneficio neto para el trabajador de apenas 31 € mensuales. Mientras tanto, el Estado se frota las manos recogiendo alrededor de 4.255 millones de euros extras de los bolsillos de trabajadores y empresarios. ¡Magia fiscal!
Los empresarios, por su parte, son los grandes perjudicados. Cada uno deberá pagar 1.260 euros más por cada empleado que cobre el SMI, lo que suma un coste total de casi 3.000 millones de euros en 2024. Esto, sumado a los aumentos en las bases máximas de cotización y otros impuestos, hace que la carga fiscal sea insostenible.
La subida del SMI no es más que una maniobra política del Gobierno, que en lugar de buscar el consenso con los empresarios, impone medidas unilaterales que no hacen más que agravar la situación. Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA, lo dice claramente: «No se ha seguido un criterio técnico, sino político». Juan Bravo, del PP, también se pronuncia contra este acuerdo, señalando que desestabilizará especialmente a las pequeñas empresas.
Estamos, pues, ante una política de pan para hoy y hambre para mañana. Una medida que se disfraza de progreso social, pero que en realidad es un golpe bajo a la economía, un freno para la creación de empleo, y un lastre para la recuperación económica del país. El Gobierno de Sánchez parece empeñado en seguir una ruta de gestión económica cuestionable, ignorando las consecuencias a largo plazo de sus decisiones.
En resumen, esta subida del SMI es un claro ejemplo de cómo el Gobierno, en su afán de proyectar una imagen de progreso y sensibilidad social, termina perjudicando a aquellos a quienes dice ayudar. Es un círculo vicioso de impuestos y más impuestos, donde al final, todos salimos perdiendo. Los trabajadores ganan unos euros más que se disipan ante la inflación y los impuestos, mientras que los empresarios y autónomos enfrentan un aumento sustancial en los costes laborales, lo que podría llevar a una disminución de la contratación o incluso al cierre de pequeñas empresas.
Estamos, sin duda, ante una gestión que deja mucho que desear. Una gestión que, lejos de solucionar los problemas de España, los agrava, y nos deja preguntándonos: ¿hasta cuándo seguiremos soportando estas políticas que nos llevan, irremediablemente, a un abismo económico y social? ¡España merece más que estas políticas cortoplacistas y dañinas!
