En una espiral descendente que comenzó hace ocho años, el comercio minorista en España enfrenta una crisis sin precedentes. La desaparición de 75.000 autónomos y el cierre de tiendas de barrio son síntomas de una década perdida, durante la cual la Administración ha permanecido, en gran parte, impasible.
El pequeño comercio, una vez el corazón palpitante de nuestras ciudades, está siendo borrado del mapa. Las tiendas de proximidad, esenciales para la vida cotidiana en muchas comunidades, están desapareciendo, engullidas por modelos de consumo modernos y el auge de las grandes marcas. Pescaderías, panaderías, fruterías y peluquerías, negocios que una vez florecieron, ahora luchan por sobrevivir en un mercado cada vez más hostil.
Los autónomos se enfrentan a una tormenta perfecta de desafíos: costos crecientes, impuestos más altos, alquileres inasequibles y un mar de trabas burocráticas. Y para añadir insulto a la herida, este año verán un aumento en las cotizaciones debido a un cambio de sistema aprobado por PSOE y PP. Ahora, los autónomos se enfrentan a pagar entre 225 y 530 euros al mes, un aumento sustancial en comparación con 2023.
Desde los gobiernos regionales y locales, se están tomando medidas para contrarrestar esta situación, centradas en no aumentar los impuestos y reducir los costes tanto como sea posible. Sin embargo, estas medidas podrían no ser suficientes para detener la hemorragia en el comercio minorista.
La situación se ha visto exacerbada por la crisis de la inflación, que ha afectado a todos los sectores, pero especialmente al comercio familiar. Factores como la digitalización, la falta de relevo generacional y la constante competencia de precios han creado un entorno cada vez más difícil para el pequeño comercio. A esto se suman los costos crecientes de energía, impuestos más altos, alquileres en aumento y hipotecas más caras, creando un entorno casi imposible para muchos negocios.
El germen de esta crisis se remonta a la década de los 90, cuando la proliferación de grandes superficies empezó a desequilibrar la balanza del comercio en España. A pesar de las restricciones impuestas en ese momento, no se logró frenar el deterioro de los pequeños negocios.
El comercio electrónico ha sido otro golpe duro. La pandemia de COVID-19 y los confinamientos resultantes empujaron a muchos consumidores hacia las compras en línea, descubriendo la comodidad y seguridad de esta modalidad. Esto ha llevado a una reconfiguración del modelo de distribución minorista y ha presionado a miles de pequeños negocios al límite.
Los cambios en las cotizaciones y el aumento de los costos operativos están creando un panorama sombrío para los autónomos y las pymes. La asociación de autónomos ATA predice que el impacto de la desaceleración económica, la pérdida de empleo y el aumento de los costes se sentirá con fuerza este año. Y mientras tanto, los gobiernos y las administraciones parecen estar luchando por ofrecer el apoyo necesario.
En resumen, el comercio minorista español está en una encrucijada crítica. Con cada tienda que cierra, no solo perdemos un negocio, sino una parte de nuestra identidad comunitaria y cultural. Es imperativo que se tomen medidas más efectivas y contundentes para apoyar a estos pilares esenciales de nuestra economía y sociedad. El tiempo para la acción es ahora; el futuro del comercio minorista en España podría depender de ello.
