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Cuando la condena depende de la agenda política

El asesinato brutal de un niño de 11 años en Mocejón, Toledo, ha conmocionado a todos aquellos que aún creen en la dignidad humana y en la justicia. Sin embargo, más de 24 horas después del trágico suceso, el Gobierno de Pedro Sánchez guarda un silencio sepulcral, demostrando una vez más su inaceptable doble moral. Mientras figuras como Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han mostrado su condena sin reservas, el Ejecutivo y su séquito de ministros permanecen mudos, esperando, quizás, a que la identidad de la víctima les permita decidir si el crimen es políticamente conveniente de condenar o no.

Este mutismo no es una coincidencia ni un despiste, sino una estrategia bien calculada. Porque en este gobierno, cada palabra cuenta, y lo que no encaja en su relato es simplemente ignorado. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien debería ser la primera en alzar la voz en defensa de un menor asesinado, no ha hecho ni una sola declaración. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, tan activo para otras causas, se ha mostrado igualmente silente, o el ministro de Justicia Félix Bolaños recomendando el libro que se ha leído este verano horas después del deleznable asesinato. Y Pedro Sánchez, que se apresura a condenar cualquier agravio que pueda utilizarse para reforzar su agenda, no ha pronunciado ni una palabra.

Contrastemos este silencio con la rapidez y contundencia con la que actúan cuando el tema se ajusta a su narrativa. Por ejemplo, cuando un joven denunció una agresión homófoba en Madrid que resultó ser falsa, el Gobierno no tardó en convocar de urgencia la Comisión de Delitos de Odio. No quedó un solo político o tertuliano de izquierdas sin denunciar lo “insostenible” de la situación para el colectivo LGTBI en la capital. Sin embargo, cuando se trata de un niño brutalmente asesinado en un campo de fútbol, su empatía parece desvanecerse. ¿Por qué? Porque condenar este crimen no sirve para avanzar en su agenda ideológica.

Lo mismo ocurrió cuando los cánticos de unos jóvenes en un Colegio Mayor desencadenaron una movilización desproporcionada de la fiscalía y una cascada de declaraciones de políticos y tertulianos de izquierda. ¿Y qué decir de los pinchazos en discotecas que resultaron ser falsos? El Ministerio no dudó en firmar protocolos y utilizar el miedo para promover su ley del «Solo Sí es Sí». Pero ahora, ante un asesinato real y atroz, callan.

Este Gobierno ha demostrado una y otra vez que su prioridad no es la seguridad ni el bienestar de los ciudadanos, sino la manipulación de los hechos para mantenerse en el poder. Llevamos semanas sufriendo una oleada de apuñalamientos, con menores y niños entre las víctimas, y la sensación de inseguridad crece día a día. Sin embargo, ni una sola declaración, ni un gesto, ni una acción concreta para abordar esta crisis. Porque, al parecer, la violencia y el miedo solo son condenables si sirven para reforzar su relato.

El caso de Mocejón es particularmente revelador. Mientras que la mayoría de la sociedad, desde los líderes políticos hasta los ciudadanos de a pie, han condenado este asesinato sin importar la identidad de la víctima o del agresor, el Gobierno y la izquierda están esperando, calculando si este crimen les conviene o no condenar. Porque, en su lógica perversa, hay vidas que valen más que otras, dependiendo de cómo puedan ser utilizadas en su juego político.

Este silencio del Gobierno no es solo una falta de empatía o de responsabilidad, es una complicidad silenciosa que revela su verdadera naturaleza. Un gobierno que calla ante el asesinato de un niño es un gobierno que ha perdido cualquier legitimidad moral para gobernar. Y mientras los ciudadanos de bien siguen condenando este y otros crímenes, los responsables políticos que deberían protegernos prefieren mirar hacia otro lado.

¿Dónde están ahora esos políticos y tertulianos que no dudan en alzar la voz por cualquier causa que les reporte beneficios mediáticos? ¿Dónde están los defensores de los derechos de la infancia, tan activos en otras ocasiones? La respuesta es clara: están callados, esperando ver si pueden utilizar este asesinato para su propio beneficio. Si no pueden, simplemente lo ignorarán, como ya lo están haciendo.

El asesinato del niño en Mocejón debería ser un punto de inflexión. Debería hacer que todos nos preguntemos qué tipo de país estamos construyendo si permitimos que nuestros líderes elijan cuándo y cómo condenar un crimen en función de sus intereses políticos. Este silencio no solo es una traición a la memoria de la víctima y a su familia, sino a todos nosotros, que merecemos un gobierno que defienda la vida y la justicia sin dobleces.

Mientras el Gobierno calla, la sociedad debe alzar la voz. Porque no se trata solo de condenar un asesinato, sino de condenar el cinismo y la hipocresía de quienes deberían ser los primeros en defender la vida y la seguridad de todos los ciudadanos, sin importar su agenda política.

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