Una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez nos da un golpe maestro en el bolsillo, esta vez con la subida estratosférica de la ‘tasa Enresa’ para la gestión de residuos radiactivos. No es magia, son tus impuestos, idiota. La tasa, que recae sobre los titulares de las centrales nucleares, se dispara un 40%, pasando de 7,98 euros a 11,14 euros por MWh producido. Este aumento, que el Gobierno viste con el manto de la responsabilidad ambiental, no es más que otra carga para el ciudadano medio.
El Ministerio para la Transición Ecológica, liderado por Teresa Ribera, justifica esta subida como una medida necesaria bajo el principio de «quien contamina paga». Sin embargo, lo que realmente está ocurriendo es un traspaso de costes que, tarde o temprano, acabará afectando a todos los españoles. Es la economía del PSOE en acción: subir impuestos y tasas, aumentando la presión sobre la industria y, por ende, sobre el consumidor.
La decisión de ubicar los residuos radiactivos en siete almacenes de depósito temporal (ADT) diferentes, en lugar de un único Almacén Temporal Centralizado, es presentada como una «decisión estratégica de política energética nacional». Pero, ¿a qué costo? Esta dispersión de almacenes, más allá de la aparente ventaja ambiental y social, representa un aumento considerable en los costes operativos, que se traducirán en mayores precios para los consumidores.
No nos engañemos, el aumento de la tasa Enresa es un reflejo más de la política cortoplacista y fiscalmente agresiva del Gobierno de Sánchez. La elección de siete ADT en lugar de un cementerio nuclear centralizado, aunque pueda tener su lógica desde un punto de vista ambiental, es una decisión que carece de una evaluación económica a largo plazo. Es una estrategia que, si bien puede ser aplaudida por ciertos sectores políticos y sociales, en realidad esconde una falta de visión y un impacto económico negativo para el país.
Este aumento en la tasa Enresa no es más que otro ejemplo de cómo este Gobierno maneja la economía y la política energética: con una visión miope, sin un plan coherente y sostenible a largo plazo, y siempre a expensas del bolsillo del ciudadano. Con el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos ya aprobado, es evidente que el Gobierno desecha soluciones potencialmente más eficientes y económicas, como el proyecto del cementerio nuclear en Cuenca, sumido en polémica pero que podría haber significado una gestión más centralizada y posiblemente más económica.
Estamos ante otra vuelta de tuerca en la estrategia de empobrecimiento y presión fiscal que este Gobierno parece empeñado en seguir. La subida de la tasa Enresa es una clara muestra de cómo las decisiones políticas, lejos de aliviar la carga sobre los ciudadanos, solo sirven para profundizar la crisis económica y social en la que España se hunde cada día más. Y mientras tanto, nosotros, los ciudadanos, seguimos pagando la factura de una gestión gubernamental que parece olvidar que detrás de cada decisión hay bolsillos reales, y cada vez más vacíos. ¡España merece una gestión más responsable y menos voraz!
