El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha emitido una fuerte crítica hacia la gestión del Gobierno de Moreno Bonilla, acusándolo de «maltrato» hacia las personas con discapacidad. Esta acusación surge a raíz de un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía correspondiente al ejercicio 2021, que revela «graves deficiencias» en el proceso de valoración de las personas con discapacidad llevado a cabo por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
El informe destaca problemas como la falta de coordinación entre organismos, la ausencia de mecanismos de control interno y el incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. Además, señala un preocupante retraso en las resoluciones de expedientes, con una media del 77% de los expedientes tramitados en el periodo 2018-2021 superando el plazo legal de seis meses.
Gavira ha puesto especial énfasis en los excesivos tiempos de espera para la certificación o revisión del grado de discapacidad, que superan considerablemente el plazo legal de 180 días, alcanzando una media de 417 días para el reconocimiento y 431 días para la revisión.
Ante estos hallazgos, Gavira ha exigido al Gobierno de Moreno Bonilla que tome medidas inmediatas para corregir estas irregularidades y garantizar un trato digno e igualitario para todas las personas con discapacidad en Andalucía. Critica duramente lo que considera una «Andalucía de cartón» presentada por el Gobierno del PP, acusándolo de emplear tácticas de marketing y cortinas de humo para desviar la atención de estos problemas graves.
VOX insta a Moreno Bonilla a reconocer la gravedad de la situación y adoptar acciones concretas que resuelvan eficazmente los problemas identificados por la Cámara de Cuentas. Gavira concluye su declaración exhortando al Gobierno del PP a abandonar su «ceguera política», enfocarse en la realidad y trabajar por soluciones reales que mejoren la vida de los andaluces, especialmente aquellos con discapacidad.
Esta denuncia de VOX pone de relieve la necesidad de una gestión más efectiva y transparente en los servicios públicos, en especial en lo que respecta a la valoración y apoyo a las personas con discapacidad, un colectivo que requiere una atención especial y diligente por parte de las autoridades.
